En un giro legislativo que ha captado la atención del país, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aprobó ayer la tramitación del dictamen que propone una reforma constitucional para eliminar varios organismos autónomos, con el fin de transferir sus funciones a dependencias del gobierno federal. Este cambio, que afectaría a instituciones clave como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha generado un intenso debate sobre el futuro del sistema de contrapesos en México y la eficiencia del aparato estatal.
Desaparición del INAI y su Traslado a la Secretaría de la Función Pública
El principal afectado por esta reforma es el INAI, encargado de garantizar el derecho a la transparencia y la protección de los datos personales de los ciudadanos. El dictamen propone que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, dependencia que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sugerido transformar en una Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. De esta forma, el gobierno federal centralizaría el control de las políticas relacionadas con la transparencia y la protección de datos, áreas que hasta ahora estaban bajo la supervisión de un organismo autónomo.
Otros Organismos Autónomos en la Mira
La reforma también propone la extinción de varios otros organismos autónomos cuyo papel ha sido fundamental en la regulación de diversas áreas del país. Entre los más destacados se encuentran:
- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), encargado de regular el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Sus funciones serían trasladadas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), responsable de promover la competencia económica y evitar prácticas monopólicas, cuyas tareas quedarían en manos de la Secretaría de Economía.
- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que mide la pobreza en México y cuyo mandato pasaría al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órganos clave en la regulación del sector energético, cuyas competencias se transferirían a la Secretaría de Energía.
- El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que sería absorbido por la Secretaría de Educación Pública.
La Justificación y el Proceso de Aprobación
El gobierno de Morena y sus aliados defienden la reforma bajo el argumento de que la centralización de estas funciones permitirá una gestión más eficiente, eliminando la duplicidad de tareas y mejorando la coordinación entre las dependencias del gobierno federal. Además, aseguran que la transformación de estos organismos no afectará los derechos laborales de los trabajadores actuales, garantizando que sus condiciones se respeten a través de un mandato explícito en la reforma.
La propuesta necesita una mayoría calificada en el Congreso, algo que no representa un obstáculo para la coalición gobernante, que cuenta con los votos suficientes para su aprobación. Según los cálculos de Morena, la reforma podría estar aprobada la próxima semana.
Reacciones y Consecuencias
Este proceso ha generado división de opiniones en el ámbito político y académico. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de simplificar la estructura burocrática del gobierno para enfrentar con más eficacia los retos del país, otros advierten sobre el peligro de debilitar los mecanismos de control y supervisión, lo que podría poner en riesgo la autonomía y la transparencia en áreas clave como la competencia económica, el sector energético y la evaluación de políticas sociales.
La oposición ha señalado que la reforma representa un retroceso en la rendición de cuentas, pues al concentrar más poder en las manos del Ejecutivo, se corre el riesgo de crear un sistema menos transparente y menos susceptible a la fiscalización. También se teme que, al eliminar organismos independientes como el INAI, se reduzca la capacidad de la ciudadanía para acceder a la información pública y proteger sus datos personales frente a abusos del poder estatal.
Conclusión
El destino de esta reforma constitucional será determinante para el futuro de la estructura institucional en México. Si bien la centralización de funciones puede tener ciertos beneficios en términos de eficiencia y control, el balance entre poder y autonomía será clave para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos. El debate está en pleno auge, y las decisiones tomadas en los próximos días marcarán una nueva etapa en la relación entre el Estado mexicano y sus ciudadanos.
