Autor: Diana Gante
La reciente discusión sobre la reforma constitucional en materia energética y su relación con la reforma al Poder Judicial ha suscitado preocupaciones sobre la defensa legal de empresas y proyectos que podrían verse afectados por los cambios propuestos. Julia González Romero, consejera de la firma Pérez-Llorca y González Calvillo, advierte que la capacidad de las empresas para impugnar estas reformas se verá significativamente limitada.
Cambios en la Ley de Amparo
González Romero señala que, tras la aprobación de la reforma, las empresas ya no podrán recurrir a los amparos, un recurso legal que permite impugnar actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos. La Ley de Amparo establece claramente que no es posible presentar este recurso en contra de disposiciones que emanen de reformas constitucionales. Esto significa que, si la reforma avanza, las empresas afectadas no tendrán un canal judicial directo para cuestionar la prevalencia que se otorga a las empresas estatales como Pemex y CFE.
Implicaciones para Empresas Afectadas
La consejera subraya que la imposibilidad de ampararse implica que las empresas deberán considerar otras estrategias para impugnar la reforma, las cuales serán “altamente complejas”. Esto representa un cambio significativo en el panorama legal, donde la capacidad de defensa se ha visto tradicionalmente como un pilar fundamental para la protección de los intereses empresariales.
Sin embargo, las empresas que estén bajo la protección de acuerdos de inversión Estado-inversor aún podrán recurrir a estos mecanismos, siempre que puedan demostrar una vulneración de sus derechos como resultado de la reforma. Esto podría ser un alivio parcial, pero la carga de la prueba y la necesidad de estrategias robustas complican aún más la situación.
Contexto Histórico
Es importante recordar que durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se llevaron a cabo reformas significativas en el sector energético, incluyendo la Ley de la Industria Eléctrica y cambios a nivel constitucional. Estas reformas, sin embargo, enfrentaron la oposición del Poder Judicial, que detuvo su implementación. La actual propuesta de reforma podría cambiar drásticamente esta dinámica, eliminando el camino legal que antes existía para impugnar decisiones gubernamentales en este ámbito.
Conclusión
La aprobación de la nueva reforma constitucional en materia energética podría marcar un antes y un después en la capacidad de las empresas para defender sus derechos. La eliminación del recurso de amparo contra reformas constitucionales, combinada con la complejidad de los nuevos procedimientos legales, plantea un escenario desafiante para los actores del sector energético en México. Las empresas deberán adaptarse a este nuevo contexto y explorar alternativas viables para proteger sus intereses en un entorno legal cada vez más restrictivo.
